EL GOBIERNO Y EL DESMONTAJE DE LA TRANSICIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

La administración García se aproxima a la última etapa de su gestión insistiendo en la línea política conservadora que ha definido sus acciones desde sus primeros años de este segundo mandato. Si algo caracteriza a este período es el intento de desmontaje del trabajo de los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo en materia de políticas transicionales, particularmente en temas de corrupción y derechos humanos. La agenda de la transición – impulsada primero por Paniagua y continuada tímidamente por Toledo – ha sido sistemáticamente desatendida, cuando no combatida con esmero.

Es verdad que ha sido en el contexto del gobierno de García que Alberto Fujimori ha podido ser sentenciado por delitos contra los derechos humanos; es verdad que esa condena sienta un precedente importante en la lucha contra la impunidad que persiguen los poderosos que violan la ley. No obstante, la escasa disposición a apoyar el trabajo del Consejo de Reparaciones, el rechazo gubernamental al ofrecimiento de colaboración alemana para construir el Museo de la Memoria (posición que sólo se modificó una vez que Mario Vargas Llosa fustigó públicamente a los “censores” del proyecto y se pronunció a favor del Museo), el extraño tratamiento de la llamada “ley de la selva” y el cuestionable manejo de los trágicos sucesos de Bagua, y un largo etcétera, ponen de manifiesto el desplazamiento del Ejecutivo hacia posiciones cada vez más “duras” en cuestiones de derechos humanos. La criminalización de la protesta y la estigmatización del opositor –fiel al ideario de El perro del hortelano, texto programático del régimen -, así como el discurso virulento de algunos miembros del gobierno contra las instituciones de la sociedad civil y contra el trabajo de la CVR constituyen gestos oficiales que fortalecen esta lectura. La cereza del pastel la encontramos en la decisión del ministro Rey de que el Estado contrate nada menos que al estudio de abogados que defiende a Fujimori para que se ocupe de los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que afrontan procesos por violación de derechos humanos.

El tema de la lucha contra la corrupción constituye otra de las zonas débiles de este gobierno. La investigación de los “petroaudios” no arroja todavía ningún resultado, incluso se han señalado serias “dificultades” para revisar y analizar los archivos de la PC del ex ministro Rómulo León. Mientras tanto, la atención de los medios y de la propia “clase política” se concentra en los escándalos desatados dentro del propio Congreso de la República, que involucran a parlamentarios que forman parte de la ineficaz, escasamente preparada e inarticulada oposición política. En contraste, los casos de corrupción que comprometen a personas del oficialismo van perdiendo el interés de la prensa y de los actores políticos. Ahora mismo, se ha declarado que el sector de la Procuraduría que se ocupa de los casos Fujimori / Montesinos está siendo desmontada. El inaceptable indulto a José Enrique Crousillat constituye un signo más de esta descarada condescendencia frente a la corrupción (revísese las insólitas declaraciones del propio Alan García García sobre este indulto). Más allá de esta coyuntura, la agenda política va configurándose en torno a las fechorías puntuales del congresista “come pollo” de hoy y las de la parlamentaria “roba luz” de mañana. No pocos analistas han sugerido que – a pesar de que se trata de casos genuinos de infracción de las normas – su dosificación y difusión pública obedece a razones de cálculo político y a una estrategia preelectoral; después de todo, el Presidente ha dicho que le es posible determinar que candidato potencial no habría de sucederle en el cargo. Los grandes temas nacionales han desaparecido al interior del “gran espectáculo” de la política criolla.

Ver una versión más amplia de este texto en Ideele Nº 169.