viernes, 24 de agosto de 2012

LA MEMORIA BLOQUEADA. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS CONTRA EL OLVIDO *





Gonzalo Gamio Gehri

El trabajo de la memoria puede verse bloqueado por agentes externos[1]. En los espacios políticos, esta situación se torna particularmente dramática en los procesos de la llamada `justicia transicional’, la clase de proyectos de acción pública que se ponen en ejercicio en situaciones en las que una sociedad afronta el reto – luego de pasar por un período de violencia o de suspensión del orden constitucional y habiendo recuperado la democracia o la paz – de esclarecer lo sucedido en los tiempos de conflicto armado y autoritarismo, con el fin de establecer responsabilidades y tomar medidas legales y políticas para que las lesiones de la ley y la violación de los derechos de las personas no se repita en el futuro. Hacer memoria en esta perspectiva pública - pensemos en el trabajo de las comisiones de la verdad que han actuado en las últimas décadas - implica la composición crítica de una narración amplia que recoja estrictamente las narraciones de las víctimas como una fuente crucial de su investigación, a la vez que aspira a dilucidar el período de conflicto a la luz de una interpretación crítica de sus causas y secuelas. Examinar el pasado puede convertirse en una práctica irritante o peligrosa a juicio de quienes ocuparon posiciones de poder en los años de conflicto (la situación se agrava seriamente si estos actores preservan tales posiciones de poder en estas etapas de reconstrucción institucional). Indagar sobre la verdad de lo ocurrido puede exigirnos nadar decididamente  a contracorriente.

 En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) elaboró un extenso y riguroso Informe Final que procura dar cuenta de la tragedia vivida durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La Comisión recabó el testimonio de cerca de diecisiete mil personas, protagonistas del conflicto o afectados por él. Además de aportar un estudio interdisciplinario sobre la violencia y la desigualdad en nuestra sociedad, el documento ha planteado un conjunto de recomendaciones y reformas institucionales para ejercer la justicia, reparar a las víctimas y lograr la reconciliación, la posibilidad a futuro de reconstruir los vínculos sociales dañados durante aquellos años. El Informe sindica a las organizaciones terroristas como los principales perpetradores de crímenes contra la vida y la dignidad de las personas, y ha señalado que “en ciertos períodos y lugares”, las fuerzas armadas y policiales incurrieron en “una práctica sistemática o generalizada de violaciones de los Derechos Humanos”[2]. El texto pone en evidencia la penosa ausencia del Estado en las zonas que constituyeron el epicentro de la violencia, así como señala la indolencia de un sector importante de la autodenominada “clase dirigente” frente al sufrimiento de las víctimas.

La CVR entregó al país un estudio fidedigno pero perfectible acerca del conflicto armado, así como una propuesta razonable acerca de cómo establecer garantías de no repetición. No se propuso cerrar la discusión sobre nuestras responsabilidades frente al proceso de violencia, si no propiciarla; el Informe Final fue postulado como un documento para ser examinado y debatido en los foros públicos del Estado y de la sociedad civil, con el fin de lograr un acercamiento mayor a la verdad de lo ocurrido en aquellas dos décadas. Siempre será posible recoger nuevos testimonios, contrastar nuevas interpretaciones y argumentos que permitan reconstruir los hechos y afinar nuestras políticas de justicia y reparación. La recuperación de la memoria es una actividad pública que implica el trabajo de la deliberación cívica tanto como la investigación de los especialistas. En este sentido, el Informe fue concebido como un punto de partida para un debate mayor acerca de los años de la violencia y las posibles lecciones que podemos extraer de esta dolorosa experiencia para construir una genuina sociedad democrática y cimentar una auténtica cultura de paz entre nosotros. Por desgracia, la considerable resistencia que ejerce buena parte de nuestros políticos en actividad contra la posibilidad misma de plantear una discusión abierta sobre la memoria del conflicto – una actitud que cuenta con el respaldo de un importante sector de la prensa, de la empresa privada, e incluso de una facción de la jerarquía eclesiástica – ha debilitado significativamente esta iniciativa.

El horizonte de enunciación de los propósitos planteados en el Informe final de la CVR (y en general, en el caso de cualquier proyecto ético – político asociado a los procesos de justicia transicional) es el de la cultura de los derechos humanos, sostenida sobre la idea de que los individuos son fines y no exclusivamente medios, titulares de derechos inalienables que no son susceptibles de negociación. La valoración y protección de tales derechos – más allá del género, cultura, clase, preferencia sexual o la condición legal de las personas que los invocan – constituye el presupuesto básico de una sociedad democrática. No obstante, el discurso de los derechos humanos ha sido sindicado erróneamente por los medios de prensa y los grupos políticos de extrema derecha en el Perú como un elemento del imaginario ideológico izquierdista. La agenda de la transición, así como la propia acción de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, han sido identificadas como una expresión de esta clase de ideario político. Los fujimoristas, por ejemplo, se han esforzado por convertir las políticas transicionales en materia de lucha contra la corrupción y recuperación de la memoria histórica en presuntas “estrategias de persecución”, y así, construir una especie de “mística partidaria de resistencia” entre sus adeptos[3].  En los años del gobierno aprista el oficialismo, por su parte, intentó bloquear toda iniciativa dirigida a incorporar en los textos escolares el estudio del proceso de violencia vivido y las rutas posibles de una reconciliación nacional fundada en el ejercicio de la justicia. Se ha edificado en estas canteras una suerte de “sentido común conservador” que tacha de “inconveniente” o  de “perniciosa” la tarea de esclarecer lo sucedido durante el conflicto armado interno y plantear políticas concretas en esta materia.





Este es un adelanto de un ensayo que saldrá publicado en el siguiente número de Páginas.
[1] En el caso de la vida individual, la memoria puede verse bloqueada por causas “internas”, como plantea el psicoanálisis. Sin embargo, esta posibilidad no es tema de este breve artículo.
[2] Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final (Tomo I) Lima, UNMSM – PUCP 2004  p. 30.
[3] Sobre este tema de la particular mística fujimorista y su lectura de la transición consúltese Navarro Ángeles, Melissa “Tras el líder. Oportunidades de un partido personalista para lograr la continuidad luego del alejamiento del líder fundacional: el caso del fujimorismo” en: Politai Año 2 Nº 3 pp. 139 – 148.

2 comentarios:

Alfredo P. dijo...

"No obstante, el discurso de los derechos humanos ha sido sindicado erróneamente por los medios de prensa y los grupos políticos de extrema derecha en el Perú como un elemento del imaginario ideológico izquierdista."

¿Erróneamente?, el pensamiento ceverrista buscó -felízmente sin exito- implantar en el país una memoria postiza en donde no hubo terrorismo sino "conflicto armado interno", en donde sendero luminoso no era una agrupación terrorista, sino "un partido político", en donde la "pobreza" y la "exclusión" terminan justificando el accionar del terrorismo comunista y en donde los terrorista ya no son unos criminales sino "víctimas" a las que hay que reparar y homenajear.

Por eso es falso que sólo los medios de prensa o lo que el dueño de este blog refiere como "extrema derecha" hayan identificado que la ideología derechohumanista y el pensamiento ceverrista esconden el accionar de la izquierda peruana, esto es algo que ya ha sido asumido por la gran mayoría de la población peruana y es casi de sentido común.

Finalmente, cabe recordar que la CVR de la izquierda fue muy "comprensiva" con el lamentable accionar de la izquierda peruana durante el terrorismo (recordemos que la izquierda peruana nunca deslindo del salvajismo de sus parientes ideológicos de sendero luminoso y el mrta).

No es casual tampoco que las agrupaciones que dicen defender los derechos humanos sólo sean muy activas para defender los derechos de los terroristas (la persecusión judicial desatada contra los Comandos Chavín de Huantar es un ejemplo patético de esto), pero no para defender a la mayoría de la población.

La CVR de la izquierda por su evidente sesgo hacia la izquierda, ya no es un referente válido desde el cual aproximarse al terrorismo desatado por sendero luminoso y el mrta a partir de 1980 en adelante.

Gonzalo Gamio dijo...

Lo que dices no se ajusta a la verdad. Ls conclusiones - para no citar el texto desarrollado - señalan la entraña criminal y terrorista de SL, y denuncian a ese grupo como el principal perpetrador de delitos contra los DDHH . El término "conflicto armado interno" es descriptivo ("guerra" no cabe). Leer el IF no te har{a daño y hasta podrá depurar tus prejuicios. La CVR es particularmente dura con los partidos de izquierda por su ambivalencia y tardía redacción. todo eso está en el texto.

Finalmente, a los conservadores no les interesa escribir una memoria alternativa; le bastan esta clase de comentarios sin respaldo documental ni conceptual. Si en algo coinciden con el nefasto Movadef es en predicar la supresión de la memoria y las amnistías.